martes, noviembre 24, 2020
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PÁRRAFO VAGO

PÁRRAFO VAGO

Por: Knut Henkel / 19 de Junio de 2020
Fuente: Menschen Machen Medien

Cuba: Multas a periodistas por violar la Ley 370

En medio de la crisis del Corona, las autoridades cubanas están imponiendo multas masivas a periodistas y blogueros independientes. La base la proporciona la Ley 370 de julio de 2019 con el párrafo vago 68. Esto permite a la policía actuar contra todos los cubanos que publiquen información que “atente contra los intereses sociales, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Camila Acosta es una de la treintena de periodistas, blogueros y activistas que han sido multados desde principios de año, pero se defiende.

El 6 de mayo fué para Camila Acosta el primer exito. “47 organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han firmado y publicado nuestra declaración“ Cuba y su Decreto Legislativo 370 ”Nunca había sucedido en la historia de Cuba ”, dijo la periodista de 27 años. El 27 de marzo fue citada por la policía política en el distrito Playa de La Habana. Allí, la empleada del “portal en línea de Cuba registrado en Florida, Estados Unidos, tuvo conocimiento de tres publicaciones, incluida una citación escrita, en su página de Facebook. Ellos “humillaron” a la revolución cubana y eso es una violación del artículo 68 del Decreto Legislativo 370. Se niega la difusión de dicha información en contra del “interés social, la moral, las buenas costumbres y el pueblo” con multas de hasta 3.000 pesos para particulares y hasta 10.000 pesos para organizaciones Acosta está luchando contra esto junto con colegas y activistas de la sociedad civil. Muchos como yo también han sido multados. El corresponsal del Diario de las América, García, ve la ley como una restricción a la libertad de expresión: “La ley está dirigida explícitamente contra el periodismo independiente en Cuba, pero contra todo aquel que tenga una opinión, análisis o punto de vista en Facebook, YouTube o cualquier otro sitio publicado.“ Todo lo que no encaja, podría ser castigado con él. Ofrece un amplio margen de interpretación. García ha sido crítico con Cuba desde mediados de la década de 1990, primero con la primera agencia de prensa independiente „Cuba (?)“ para el diario español El Mundo y ahora para el diario D las Américas, que se publica en Miami. Junto con Acosta y otras partes afectadas, García ha decidido presentar una petición en línea a Avaaz para buscar apoyo a nivel nacional e internacional.

Petición a Avaaz sobre “Ley Azote“

La petición se puso en línea el 19 de abril y se había firmado 4.105 veces hasta el 25 de mayo. En Cuba, sin embargo, no ha estado disponible desde el 6 de mayo, según Camila Acosta. El hecho de que 47 organizaciones suscribieran la declaración contra la Ley 370 a principios de mayo y en línea es aún más importante para ellos.

Entre ellos se encuentran Reporteros sin Fronteras, Freedom House de Estados Unidos y muchos otros igualmente han sido multados, como Diario de Cuba; El Toque o El Estornudo. Mónica Baró fue premiada en 2019 por un informe sobre el envenenamiento por plomo en un distrito de La Habana por la reconocida “Fundación Gabo”, la fundación de medios del premio Nobel de Literatura de Colombia, Gabriel García Márquez. Al igual que Acosta, Baró se niega a pagar las multas y ha recibido el apoyo del director de la fundación colombiana, Jaime Abello Banfi, quien instó a las autoridades cubanas a retirar la multa, sin éxito. El gobierno de La Habana aún no ha respondido a las declaraciones de los activistas que rodean a Acosta.

Acosta quiere seguir adelante. “La ley contradice el derecho a la libertad de expresión, que está garantizado en la versión”, argumenta la periodista. Es por ello que el “Observatorio de Derechos Humanos” cubano presentó una denuncia ante el parlamento a fines de abril exigiendo que dos de sus párrafos fueran declarados inconstitucionales y anulados. Además del 68, también debe revertirse el pasaje que finalmente obliga a los medios y blogueros cubanos a utilizar servidores ubicados en Cuba. Pero eso es exactamente lo que la mayoría de los usuarios en línea no están haciendo desde que la ley se aprobó en terreno ilegal.

Hasta el momento, este pasaje simplemente no se ha aplicado, en contraste con el artículo 68. “Para que la denuncia constitucional interpuesta por el momento tenga un trámite oficial, necesitamos firmas reconocidas de la comisión electoral nacional”, dijo Acosta. Obtener el subscriptor (?), incluido el lugar de residencia y el número de identificación, hace todo menos fácil en medio de la crisis de la corona y si se cumple con la sociabilidad, según el periodista. Sobre todo porque teme que la arresten y acabe en una prisión del país. Precisamente porque se defiende y hace resistencia a la ley. “No renunciaré al periodismo independiente, ni me iré del país”, subraya Acosta.

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